Alovera, 27 de febrero de 2018

El Pleno del Ayuntamiento de Alovera incurrió ayer en una nueva irregularidad al aprobar el mismo acuerdo sobre la solicitud de cesión de bienes de dominio público para un parque de ocio, iniciativa privada solicitada por Rayet Medioambiente para la construcción de Alovera Beach. El acuerdo fue aprobado con los votos a favor de Alternativa Alovera y PP, el voto en contra de Ahora Alovera y la abstención de C'S. Los concejales del PSOE se negaron a volver a votar esta cuestión y se ausentaron de la sala.

El Pleno ha podido incurrir en un vicio de nulidad al volver a votar el mismo punto del Orden del Día que se aprobó el pasado 30 de octubre de 2017, puesto que no se puede aprobar dos veces el mismo acto administrativo.

Llama poderosamente la atención que, pese a que el Pleno del 27 de noviembre desestimara el recurso de reposición que presentó Ahora Alovera, con el apoyo de PSOE y C'S, contra el acuerdo del 30 de octubre, el Ayuntamiento haya reconsiderado su postura simplemente con que Rayet lo haya solicitado.

También es sorprendente que el informe del secretario del Ayuntamiento arroje dudas sobre la pertinencia de la petición de Rayet, pero que finalmente informa favorablemente sobre la posibilidad de llevarla a Pleno. Pero quizá lo más asombroso es la celeridad con que se ha tramitado esta solicitud, puesto que la inmobiliaria registró su petición el 14 de febrero, el día 16 se emitió informe del secretario y el día 20 se informó a los grupos municipales sobre la inclusión en el Orden del Día del Pleno de este punto.

Sería muy deseable que el Consistorio actuara con esta premura con tantos otros asuntos, de gran interés para los ciudadanos de Alovera, que tardan meses en tramitarse hasta que llegan al Pleno. Ante este cúmulo de despropósitos, el Grupo Ahora Alovera estudiará nuevas acciones jurídicas contra el acuerdo aprobado ayer.

Ahora Alovera presentó en enero una interposición de recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado de Guadalajara, para solicitar la nulidad del acuerdo adoptado en el Pleno del 30 de octubre de 2017, sobre la solicitud de ocupación de bienes de dominio público, por entender que su aprobación se hizo con modificaciones del punto del Orden del Día original y con nuevos informes del Ayuntamiento, sin que los concejales tuvieran acceso previo a esta documentación.

Por tanto, se impidió a los concejales estudiar el nuevo contenido y conocer qué es lo que se iba a debatir y votar, lo que es contrario a los principios de participación y representación política.

La demanda entiende que se han infringido las siguientes normativas:  la Ley de  Bases de Régimen Local, el Reglamento de las Entidades Locales, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno e, incluso, el artículo 9.2 de la Constitución Española.