Dña. Ana Isabel del Val Rodríguez, Concejal del Grupo Municipal Ahora Alovera, al amparo de lo dispuesto en el artículo 77 del Reglamento Orgánico del pleno del Ayuntamiento de Alovera, en concordancia con lo previsto en el artículo 97.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y el artículo 46 e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Presenta ante este Pleno la siguiente MOCION PARA INICIAR ACCIONES LEGALES PARA ANULAR LA APLICACIÓN DISPOSICIÓN ADICIONAL 26 DEL PGE 2017 QUE PROHIBE LA SUBROGACION DE TRABAJADORES/AS EN CASO DE RESCATE DE SERVICIOS PÚBLICOS.


EXPOSICION DE MOTIVOS

La Administración Local es la institución más cercana a la realidad cotidiana y a las necesidades de la población. Es una realidad consabida y a la que constantemente hacemos referencia. La Administración Local atiende los servicios fundamentales de la ciudad, tales como el alumbrado público, los planeamientos urbanísticos, los parques y jardines, el mantenimiento de centros públicos, la conservación de las calles, los servicios sociales, la prevención de incendios, la protección de la salubridad, la promoción del deporte y la cultura, etc.

Es por ello que la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local (Ley 7/1985) atribuye a los municipios unas competencias para poder atender y satisfacer tales “necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal” mediante la promoción de “actividades y prestar los servicios públicos”.

Esta misma Ley indica, en su artículo 7.2., que las “competencias propias de los Municipios, las Provincias, Las Islas y demás Entidades Locales territoriales solo podrán ser determinadas por Ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad”. Y en su artículo 25.3 estipula que “las competencias municipales en las materias enunciadas en este artículo se determinará por Ley debiendo evaluar la conveniencia de la implantación de servicios locales conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera”. Es decir, la administración local es la que decide, en virtud a dichos principios, la forma de gestión de los servicios públicos que contempla el artículo 85 de la mencionada Ley.

Esta autonomía de los municipios ha sido sucesivamente laminada en los últimos años. Las medidas exigidas en los Planes de Ajuste y, de facto, la intervención de los municipios por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Locales, así como la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (Ley 27/2013), han supuesto un grave daño a la descentralización y a la autonomía de los municipios para poder gestionar los servicios públicos y emprender todo tipo de actividades para satisfacer las necesidades de la población.

El condicionamiento de los principios y de la autonomía tiene su colofón con la disposición adicional 26 incorporada a los Presupuestos Generales del Estado para 2017. La prohibición de subrogación de los trabajadores y las trabajadoras de empresas concesionarias de la Administración Pública, en caso de rescate de un servicio público, supone una intervención, en toda regla, en la forma de gestionar los servicios públicos de los municipios, vulnerando los artículos 7.2 y 25.3 de la Ley 7/1985.
Al prohibir la subrogación de trabajadores y trabajadoras de las empresas concesionarias de los servicios públicos, la disposición adicional condiciona a la Administración Local sus posibilidades de elección de la forma de gestión de dichos servicios de competencia local, siguiendo el principio de sostenibilidad y eficiencia. Obstaculiza la elección de la gestión directa de los servicios y puede forzar a mantener un modelo de gestión indirecta o a dejar de proporcionar este servicio durante un período de tiempo. Habida cuenta de que la gestión directa por la Administración Local supone un abaratamiento en el coste del servicio y una mayor calidad en el servicio prestado, el condicionamiento del rescate de un servicio de gestión indirecta puede suponer su mantenimiento y, por tanto, la violación de los principios de eficiencia y sostenibilidad financiera.

Es indudable que la inclusión de la disposición adicional 26 en los Presupuestos Generales del Estado para 2017 tiene el mismo fin que expresa el preámbulo de la Ley 27/2013, es decir, “favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas”. En nada guarda relación con la eficiencia ni con la sostenibilidad económica. Y, para ello, se ve obligada a vulnerar anticonstitucionalmente la autonomía y descentralización de la Entidades Locales y de los municipios.
Esta resulta un golpe a la estructura democrática descentralizada y contemplada transversalmente en la legislación y en la propia Constitución Española. Esta pérdida de autonomía para la gestión económica y de los servicios públicos, que ha de proporcionar la administración local a la ciudadanía del municipio, daña los intereses inmediatos y más cercanos de la población.
La enmienda transaccionada y pactada entre los grupos parlamentarios popular y socialista no modifica en esencia la violación de la autonomía local que genera la disposición adicional 26, sino que, simplemente, se orienta a flexibilizar el alcance de dicha disposición, dejando sin tocar el grueso y el fondo.
Además, la imposibilidad de subrogación vulnera los derechos fundamentales adquiridos por trabajadores y trabajadoras de las empresas concesionarias, contemplados en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, y en los artículos 3 y 4 de la Directiva 2001/23/CE del Consejo de 12 de marzo de 2001 sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros, relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad.

El Estatuto de los Trabajadores, en cuyo contenido queda traspuesta la mencionada directiva europea, establece que “el cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma no extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior”. Es decir, la disposición adicional 26 del PGE para 2017 contraviene la legislación laboral con el fin de obstaculizar las políticas de municipalización, así como para favorecer el interés económico privado.
La disposición adicional 26 obstruye la capacidad de decisión democrática sobre la forma de gestión. Esta decisión debe contemplar los principios de eficiencia y sostenibilidad financiera del presupuesto y de los servicios proporcionados. Si se obstaculiza las posibilidades de una opción de gestión, además, considerada la más adecuada para los intereses del municipio y de la ciudadanía, entonces se está vulnerando los principios y el interés general.
Por estas razones, el Grupo Municipal Ahora Alovera eleva al Pleno del Ayuntamiento la presente moción para la aprobación de los siguientes:

 

ACUERDOS

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Alovera promoverá que la representación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) solicite, en la Comisión Nacional de Administración Local, la impugnación de la disposición adicional vigésima sexta y la disposición transitoria tercera de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 ante el Tribunal Constitucional, al amparo de los artículos 63.3 y 119 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, por lesionar la autonomía constitucionalmente garantizada. Tal promoción se realizará según los cauces oficiales y formales habilitados por los estatutos de la FEMP y según el plazo establecido para la impugnación de dichas disposiciones del PGE para 2017.


SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Alovera instará a la Federación Española de Municipios y Provincias a que solicite la convocatoria de la Comisión Nacional de Administración Local para que trate, como punto único y monográfico, la impugnación de la disposición adicional vigésima sexta y la disposición transitoria tercera de los Presupuestos Generales del Estado para 2017.


Firmado: Dña. Ana Isabel del Val Rodríguez
Portavoz del Grupo Municipal Ahora Alovera